Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, S.A.

Correos es una sociedad estatal que lleva prestando sus servicios a todos los españoles desde el 8 de julio de 1716. Actualmente, es la sociedad responsable de prestar el Servicio Postal Universal en España de acuerdo a unos requisitos de calidad, regularidad, accesibilidad y asequibilidad, que hacen efectivo el derecho de toda la ciudadanía a las comunicaciones postales.

Las cifras de Correos dan muestra de la importancia de su red: más de 8.000 entidades locales son atendidas a través de una red física y humana en todo el territorio nacional. Un servicio prestado a través de 8.946 puntos de atención, más de 57.000 empleados donde el 49% son mujeres y el 51%, hombres, que recorren diariamente 700.000 kilómetros diarios para atender a hogares y empresas.
La garantía del derecho de toda la ciudadanía a las comunicaciones postales a través de la red de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, sobre todo en el ámbito rural y el mantenimiento de la prestación de un servicio público de calidad, hacen necesario que se pongan en marcha las acciones necesarias para garantizar su viabilidad futura. En este sentido, es necesario que el operador público, al igual que en otros países de nuestro entorno europeo, diversifique su actividad, aprovechando la capilaridad de su red, para obtener economías de alcance, aumentado el porcentaje de ingresos por actividades distintas a la postal, como son: paquetería, servicios financieros, retail, digital, etc.; además de llevar a cabo acciones dirigidas a la investigación, desarrollo e innovación en materia postal y servicios de proximidad que permitan, contrarrestar la disminución de volúmenes e ingresos por la actividad puramente postal (especialmente en los segmentos de cartas tradicionales, afectados por el efecto de sustitución tecnológica), equilibrar su cuenta de resultados y mantener la red de Servicio Postal Universal.
En Correos, como en otros sectores, es incuestionable el esfuerzo e implicación de sus trabajadores y trabajadoras y las organizaciones sindicales para garantizar la viabilidad del operador público en un contexto de fuerte merma en sus condiciones y derechos laborales, con 7 años de recortes, el convenio colectivo congelado desde diciembre de 2013, la pérdida de más de 15 mil empleos con la consiguiente sobrecarga de trabajo y una gran incertidumbre de futuro. Estos elementos tiene una gran incidencia en un operador responsable, por un lado, de la prestación de un servicio público y, por otro, obligado a competir en un mercado muy competitivo en el que uno de sus mayores activos es el personal, al que hay que cuidar, incentivar y hacer cómplices de las distintas decisiones que se toman respecto a su futuro.
A todo esto se une la Resolución de 30 de diciembre de 2017 del Consejo de Administración de la Entidad Estatal de Correos y Telégrafos S.A. que aprobó las nuevas tarifas que se aplicarán en el año 2018 donde, como novedad, fija dos zonas diferenciadas (A y B) a los efectos de aplicar distintos importes en los envíos de publicaciones periódicas. La denominada “zona A” se aplicaría a destinos local, capitales de provincia, localidades con administraciones de Correos y poblaciones de más de 50.000 habitantes; y la denominada “zona B”, que se aplicaría al resto de destinos. En todos los tramos de peso, las tarifas de la zona B son aproximadamente un 30% más caras que las de la zona A, y el número de destinatarios a los que afecta en torno a 22 millones de personas.
La vigente Ley 43/ 2010, de 30 de diciembre, del Servicio Postal Universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal, que transpone al ordenamiento jurídico español la Directiva postal 2008/6/CE, de 20 de febrero de 2008, ha proporcionado al ámbito de las comunicaciones postales un marco legal que garantiza los derechos de los ciudadanos y de los usuarios a recibir un servicio postal universal en la integridad del territorio nacional de buena calidad, a precios asequibles, encomendando esta responsabilidad al operador público Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A. Asimismo, la nueva regulación postal contempla los instrumentos para garantizar la financiación de las obligaciones de servicio público, precisando los mecanismos para la determinación del coste neto y el cálculo de la cuantía de la carga financiera injusta que conllevan las obligaciones derivadas de la prestación del Servicio Postal Universal.
No obstante, el marco legislativo postal vigente, después de más de siete años desde su entrada en vigor, aún no se ha desarrollado plenamente por lo que es necesario que el Gobierno apruebe la normativa de menor rango prevista en la citada Ley 43/ 2010, y especialmente el Plan de Prestación del Servicio Postal Universal, un instrumento necesario para que el operador público pueda cumplir plena y eficazmente con su labor y potenciar su papel histórico como instrumento que contribuye a la vertebración territorial, la cohesión social y la mejora de la actividad económica.
La falta de aprobación por el Gobierno del Plan de Prestación del Servicio Postal Universal, y la repercusión negativa que ello comporta para garantizar un proyecto empresarial sólido y creíble para la mayor empresa pública de la SEPI por número de trabajadores empleados, son motivo de gran preocupación para el sector, pese al Plan de Acción de la Sociedad Estatal.

Por todo ello, elevamos al Pleno de la Corporación, para su aprobación, si procede, el texto de la siguiente moción:


TEXTO DE LA MOCIÓN

Instar al Gobierno de España a:
1.    Diseñar y aprobar un Plan Estratégico para aumentar la competitividad y garantizar la viabilidad de la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, S.A. Este Plan debe contener, entre otros elementos, la diversificación. Deberá contar en su elaboración con la participación de los representantes de los trabajadores y trabajadoras, y con los grupos políticos representados en el Congreso de los Diputados.
2.    Negociar, a lo largo de 2018, un nuevo pacto colectivo con los trabajadores que busque, garantizar la tasa de reposición, la estabilidad en el empleo, el rejuvenecimiento de la plantilla, la garantía y mejora de las condiciones laborales y un pacto salarial que, además de buscar recuperar el salario perdido en los últimos años, responda a la singularidad de la compañía pública.

3.    Desarrollar y completar la normativa prevista en la Ley 43/2010, de 30 de diciembre, del Servicio Postal Universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal, a fin de garantizar los compromisos de prestación y financiación de las obligaciones contraídas con un Servicio Postal Universal de calidad, a precios asequibles y accesible para todos los ciudadanos y usuarios, conforme a lo previsto en dicha ley. Aprobar, particularmente y de manera inmediata, mediante Acuerdo del Consejo de Ministros, el Plan de Prestación del Servicio Postal Universal previsto en la ley, fijando un Servicio Universal de calidad, suficiente para atender a las demandas de los ciudadanos, usuarios y empresas; y que garantizce el coste real de la carga financiera injusta del servicio postal universal, la prestación de un Servicio Postal Universal de calidad y regularidad, así como la red física que le da soporte, con especial atención al ámbito rural, y a través de una financiación adecuada.

4.    Adoptar, de forma urgente, cuantas medidas sean necesarias para corregir los obstáculos que, en relación con el ejercicio del derecho fundamental a comunicar y recibir información veraz y sobre la obligación constitucional de los poderes públicos a promover y tutelar el acceso a la cultura y a la investigación científica y técnica, pudieran derivarse de la discriminación tarifaria aprobada por Correos en los envíos de publicaciones periódicas que forma parte del Servicio Postal Universal.

5.    Garantizar que Correos siga siendo, como lo es desde hace 300 años, una herramienta de la que el Estado no puede prescindir para asegurar la vertebración territorial, social y económica.

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