Medidas para avanzar en la laicidad del estado en el ámbito municipal

La laicidad es una seña de identidad que es consustancial a la soberanía del poder civil, la libertad individual y la democracia. Reivindicaciones históricas como la libertad de conciencia y de cultos, la secularización de los cementerios, el matrimonio civil y el divorcio, la libertad de investigación, la educación laica y la no imposición de la religión en la enseñanza o la coeducación son conquistas de una sociedad democrática y secularizada que hoy son patrimonio compartido por la inmensa mayoría de los ciudadanos.

En la última década, la igualdad de género, la regulación del aborto, el matrimonio de personas del mismo sexo, la investigación bioética y la educación para la ciudadanía, han topado con fuertes resistencias ante las que hemos reafirmado la libertad de conciencia de los ciudadanos y la soberanía del poder civil frente a imposiciones religiosas.

Las convicciones de conciencia, religiosas, agnósticas o ateas son asunto privado, del fuero interno de cada persona, de libertad individual. Cada persona es titular del derecho de libertad ideológica y religiosa. Pero el ejercicio de la libertad de conciencia y religiosa tiene una trascendencia pública insoslayable. El hecho religioso contiene dimensiones públicas, sociales, culturales y políticas. Por ello exige una política, con opciones y propuestas consecuentes, proporcionando garantías y regulando su ejercicio de manera constitucionalmente adecuada.

La coherencia de una democracia constitucional exige un compromiso firme con la laicidad del Estado y así debería figurar explícitamente en la Constitución. A pesar de la consolidación de las libertades constitucionales, en nuestro país perviven tres grandes problemáticas cuya revisión debe afrontarse sin dilación: la asimetría de la arquitectura jurídica del derecho de libertad religiosa, el trato de favor a la Iglesia católica con discriminación para las minorías, y la pervivencia de numerosos elementos de confesionalidad del Estado en actos, símbolos y espacios públicos.
Es por ello que en la reforma constitucional que el PSOE propone, contemplamos, entre otros aspectos, la supresión de la referencia a la Iglesia Católica del art. 16.3 de la Constitución por tratarse de una exigencia del principio de laicidad y por ser absolutamente innecesaria y perturbadora desde la perspectiva del principio de neutralidad y de la igualdad de las confesiones ante el Estado.

Con independencia del curso que pueda tener en su día y en su caso la reforma constitucional, el Estado no puede discriminar a sus ciudadanos por motivos religiosos; y la cooperación con las confesiones debe hacerse de tal modo que salvaguarde la laicidad del Estado, la libertad y la igualdad de todos los grupos religiosos y de los no creyentes. La gestión pública de la diversidad religiosa por parte de Ayuntamientos y Comunidades Autónomas es un poderoso instrumento para garantizar en condiciones de igualdad el ejercicio de la libertad de conciencia, religiosa y de culto.

La apertura de lugares de culto, la gestión de los cementerios, las condiciones de la asistencia religiosa en hospitales y residencias o las previsiones urbanísticas deben adecuarse a una ciudadanía diversa y plural, incluyendo en estos mismos espacios a los ciudadanos que no son creyentes.
Por todo ello, elevamos al Pleno de esta Corporación, para su aprobación, si procede, el texto de la siguiente Moción:

TEXTO DE LA MOCIÓN

El Ayuntamienro de La Orotava acuerda:

  1. Instar al Congreso de los Diputados y al próximo Gobierno de España, a impulsar una nueva Ley de Libertad de Conciencia y Religiosa que garantice a toda la ciudadanía el derecho a la libertad de conciencia, a la libertad religiosa y a la libertad de culto, regulando las relaciones con las diferentes confesiones con el fin estricto de respetar y proteger el derecho individual a la libertad religiosa en pleno cumplimiento de los principios constitucionales de igualdad, pluralismo y no confesionalidad.
  2. Instar al Congreso de los Diputados y al próximo Gobierno de España, a incorporar a la legislación criterios de actuación para las autoridades públicas en actos religiosos, también en los ámbitos autonómico y local, para evitar la confusión o la alianza entre la función pública y la religiosa, la confesionalidad y la discriminación respecto de otras confesiones o grupos agnósticos o ateos.
  3. Instar al Congreso de los Diputados y al próximo Gobierno de España, a elaborar un protocolo para la organización de actos “in memoriam” de carácter civil promovidos por la autoridades públicas con ocasión de catástrofes, homenajes, fallecimiento de personalidades, atentados, etc. 
  4. Instar al Congreso de los Diputados y al próximo Gobierno de España, a establecer, de acuerdo con la Constitución, una escuela pública laica como garantía de los valores públicos y de respeto de las creencias privadas. La escuela debe integrar en su currículo la enseñanza de los valores públicos que consideramos la base de nuestra ciudadanía y que, por ello, han de ser cursados por todo el alumnado. De ahí, que en el modelo de escuela pública no quepa la integración, ni en el currículum ni en el horario escolar, de enseñanzas confesionales. Para ello instamos a promover las reformas del marco legal actual necesarias así como de los acuerdos internacionales. 
  5. Instar al Congreso de los Diputados y al próximo Gobierno de Españaa reformar la regulación actual de la LOMCE sobre valores sociales, culturales y éticos. La formación en contenidos y valores de ciudadanía no debe plantearse de forma segmentada como se establece actualmente.
  6. Instar al Congreso de los Diputados y al próximo Gobierno de España a reclamar la titularidad del dominio o de otros derechos reales sobre los bienes que desde 1998 han sido inmatriculados a favor de la Iglesia Católica si dicha inmatriculación se produjo sin la existencia de un título material y previo que justifique la titularidad a su favor del derecho real sobre el bien inmueble de que se trate, o cuando el mismo sea o haya sido un bien no susceptible de propiedad privada por ser de dominio público, aun en el supuesto de que no esté catalogado formalmente como tal, si históricamente gozó de esa presunción o tratamiento.
  7. Instar al Congreso de los Diputados y al próximo Gobierno de España a avanzar en el establecimiento de la autofinanciación de las confesiones religiosas y establecer la fiscalidad general para aquellos bienes de las confesiones religiosas que no estén afectos a uso de culto o social.
  8. Conservar los símbolos religiosos institucionales de edificios públicos cuando se encuentren en espacios destinados al culto, o cuando formen parte de los elementos estructurales, estéticos o artísticos de la edificación o monumento. Los demás, previa catalogación y dictamen, se retirarán.
  9. Incorporar, en la medida de lo posible y escalonadamente, referencias, actos y conmemoraciones de carácter civil al calendario oficial del municipio y a determinadas festividades locales.
  10. Adoptar las medidas necesarias para que las tomas de posesión o promesa de cargo se hagan únicamente ante un ejemplar de la Constitución.
  11. Instar al Congreso de los Diputados y al próximo Gobierno de España,a proceder a la denuncia de los Acuerdos de 1979 entre España y la Santa Sede y, a su término, establecer un nuevo marco de relaciones de acuerdo con el principio de laicidad del Estado.

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