Universalización del derecho a la asistencia sanitaria pública y la recuperación del sistema público de sanidad

El derecho a la protección de la salud fue profundamente modificado por el Gobierno del Estado del PP mediante el Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones.

 Con esta modificación se alteró una norma de consenso que se había plasmado, en 2003, en el artículo 3 de la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud. Retrocediendo en el largo camino recorrido hasta entonces, se volvió a vincular el derecho a la asistencia sanitaria pública gratuita con la Seguridad Social. Consagró la vuelta de la figura del «asegurado» como sujeto del derecho a la protección de la salud. El Real Decreto-ley 16/2012, derogó tácitamente los preceptos de la Ley General de Salud Pública sobre extensión de la asistencia sanitaria, dejando sin cobertura sanitaria directa a los profesionales y a todos aquellos que no tengan ningún vínculo con la Seguridad Social —e, incluso, a los descendientes de asegurados mayores de 26 años—, cuyos ingresos superen un determinado límite que la norma no precisa. Pero lo más grave es la expulsión de la cobertura pública sanitaria de los extranjeros sin permiso de residencia, con las graves consecuencias que implica en términos de salud individual, salud colectiva o salud pública, además del recorte de derechos que supone y que no respeta principios constitucionales como es el de la dignidad de la persona.

Desde el primer día, todos los profesionales sanitarios, partidos políticos, sindicatos y organizaciones sociales han rechazado esta reforma que altera la vocación de universalidad de nuestro Sistema Nacional de Salud. Asimismo, varias comunidades autónomas, entre ellas Canarias, han rechazado excluir a los inmigrantes en situación irregular del acceso a las prestaciones sanitarias, recurriendo la reforma al Tribunal Constitucional, y otras han establecido programas gratuitos de acceso a la cartera básica de servicios sanitarios para este colectivo.
Por otra parte, el Gobierno de España del PP siguió cercenando en este tiempo el derecho a la cobertura sanitaria de los españoles. Mediante modificaciones legislativas incluidas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014, se modificó la cobertura sanitaria de los españoles que hubieran agotado las prestaciones del sistema de protección por desempleo, que perderían su derecho a asistencia sanitaria en nuestro país si salen de España por tiempo superior a 90 días, incluso para buscar trabajo o formación. La presente iniciativa pretende reponer la situación jurídica previa a la promulgación del Real Decreto-ley citado.

Tras los años de aplicación de este sistema de exclusión no se ha podido acreditar ahorro alguno para el sistema sanitario, pero sí existen acreditados numerosos casos en que la falta de acceso normalizado a la asistencia sanitaria ha concluido con personas que han visto agravadas sus enfermedades y otras que incluso han perdido la vida tras serle rechazada la posibilidad de ser asistidos por un médico. Un balance cruel basado en la imposición tan inútil como injusta que urge rectificar.
Evidentemente, la recuperación de la universalidad del derecho a la asistencia sanitaria, siendo el más importante de los aspectos de la política sanitaria que hay que rectificar no es ni mucho menos el único. Como en otros ámbitos, el retroceso vivido requerirá de la oportuna modificación, primero normativa, y posteriormente de gestión, relacionada con el refuerzo de la gestión pública del sistema, la mayor coordinación con las Comunidades Autónomas, la convergencia hacia una cartera común de servicios para la toda la ciudadanía, así como otras medidas que deberán ser impulsadas por el Gobierno y consensuadas por las fuerzas políticas.

Por todo ello, elevamos al Pleno de esta Corporación, para su aprobación, si procede, el texto de la siguiente Moción:

TEXTO DE LA MOCIÓN

El Ayuntamiento de La Orotava insta al Gobierno del Estado a derogar el Real Decreto Ley/2012 para restablecer la universalidad de la cobertura del Sistema Nacional de Salud y, procurando el consenso con el máximo de fuerzas parlamentarias y Comunidades autónomas, reformar la legislación sanitaria para asegurar la sostenibilidad de un sistema sanitario público, universal, de calidad, gratuito, con equidad en el acceso por parte de los ciudadanos, con una misma cartera básica de servicios para toda la ciudadanía en un marco de amplia descentralización».



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